Fecha : 18/06/2010
El pago de la llamada retroactividad o atrasos en las prestaciones económicas concedidas a personas dependientes se llevó el año pasado el 45% del gasto total destinado a atención a la dependencia, según informó en el Congreso de los Diputados la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.
La titular de este departamento compareció en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja para informar a los grupos parlamentarios de los últimos acuerdos adoptados por el Gobierno para reducir el gasto público que afectan a su ministerio.
En su intervención, la ministra aseguró que la eliminación de la retroactividad fue una decisión que, cuando se tomó, conocían ya las comunidades autónomas, con las que se había debatido ya esta posibilidad en alguna ocasión, algo que no compartió Carles Campuzano, de CiU.
Según lamentó el diputado catalán, la de la retroactividad fue una medida tomada fuera de los cauces habituales, es decir, el Consejo Territorial de la Dependencia, que reúne a Gobierno y CCAA.
Durante su comparecencia, Jiménez señaló también que la eliminación de la retroactividad supondrá un ahorro de más de 700 millones de euros hasta 2013 y que con él se podrá atender a unos 70.000 nuevos dependientes.
Además, insistió, servirá para incentivar la agilidad del sistema y para aumentar la prestación de servicios en detrimento de las prestaciones económicas, tal y como manda la propia ley de dependencia.
Por último, subrayó que las medidas de ahorro acordadas por el Gobierno son "coyunturales" y que, en su opinión, son preferibles a la paralización del Sistema de Dependencia, tal y como han llegado a pedir algunas voces.
"No soy partidaria de la paralización de una ley que cuesta 4.100 millones de euros al Estado y a las CCAA", concluyó la ministra de Política Social.
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